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Submitted by: Campaña por una Convención de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos
La ley obliga a una niña de 11 años violada a ser madre
La legislación no diferencia entre una nena y una mujer adulta abusadas. En ningún caso se permite abortar
de: Cecilia Vallina
En una sala del hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo fue internada hace un mes una nena de once años que había sido violada y que, como consecuencia de ese abuso, hoy convive con un embarazo de seis meses. Si bien el caso trascendió, la legislación defiende a los menores de ser expuestos ante la opinión pública y por eso su nombre no se conoce. El derecho a preservar su identidad es casi el único que esa niña pudo obtener de un Estado cuyas leyes no reconocen en su legislación el derecho al aborto en casos de violación, ni siquiera si se trata de una nena cuyo cuerpo no está preparado para ser madre. Para la ley, una mujer de treinta años o una niña de once que fueron violadas están obligadas a llevar adelante ese embarazo.
Esa maquinaria legal es la que encontró la niña que llegó al hospital con varios meses de embarazo. A la situación de abuso sexual que sufrió se le sumó después un sistema legal para el cual una mujer, incluso si aún no lo es porque tiene once años, debe cargar con todas las consecuencias de una violación, incluso un embarazo.
El caso de esta niña, que es asistida en su salud por los médicos y cuya tutela judicial está en manos del juez de menores Jorge Cartelle, deja ver una legislación inspirada en un código alemán del siglo XIX que ante cada nueva situación muestra la distancia que esa letra guarda con la realidad.
La criminalización del aborto –el Código Penal sólo lo contempla cuando está en riesgo la salud de la madre o cuando el embarazo es producto de la violación de una mujer con discapacidad mental– atemoriza a los médicos que aun en los casos previstos por la legislación prefieren evitar esa posibilidad mientras no cuenten con la habilitación de un juez.
Si la niña de San Lorenzo fuera “idiota”, como dice el Código Penal, hubiera estado contemplada la posibilidad de la interrupción del embarazo. Para la ley a la que deben apelar los jueces, el riesgo físico y psíquico al que están expuestas las niñas y adolescentes embarazadas, no existe de antemano por la sola condición de su temprana edad para procrear.
Las posibilidades de que se produzcan partos prematuros, hemorragias, cesáreas y el alto porcentaje de riesgo de que esos bebés nazcan con bajo peso, de complicaciones en los primeros días de vida o de enfermedades en los primeros años, no figuran en el Código Penal de inspiración germana.
El proyecto de despenalización del aborto que presentó a nivel nacional el diputado nacional socialista, Rubén Giustiniani, le otorga a todas las mujeres que fueron violadas la posibilidad de abortar y extiende la alternativa a las menores de edad siempre que sus padres den su consentimiento para que se practique la intervención quirúrgica.
“En este tipo de casos, debería autorizarse el aborto”, sostiene la concejala Silvia Ausburger, para quien hay que “avanzar hacia una legislación que sea explícita y que no haga depender de la interpretación de los jueces el derecho de una niña a no ser obligada a convertirse en madre”. Por ahora, mientras ninguno de los proyectos de despenalización del aborto logren sortear los obstáculos de los sectores que esquematizan el problema en la consigna “a favor o en contra” y se nieguen a abrir el debate, los jueces repiten que entre una niña y una mujer embarazadas fruto de una violación “no hay diferencias ante la ley”.
“Es una cuestión ideológica”, señaló el juez Jorge Cartelle, que sí remarcó, ante el incremento de embarazos de niñas y adolescentes “la obligación del Estado de implementar políticas de prevención y asistencia para acotar la judicialización de los casos y de una cadena de organizaciones sociales que detecten a tiempo este tipo de casos” (ver recuadro).
En desacuerdo con englobar como ideológicos todos los puntos que se tocan en torno a
updated: 7/2/2004
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